Noriega vuelve a los tribunales
BETTY BRANNAN JAÉN
PANAMÁ, R.P. –Las más recientes declaraciones del vicepresidente y canciller, Samuel Lewis Navarro, nuevamente revelan la deshonestidad y duplicidad con que el gobierno de Martín Torrijos ha venido manejando la extradición de Manuel Antonio Noriega. El jueves, este diario y otros informaron que el miércoles próximo se celebrará una audiencia nueva en Miami en el caso de Noriega, que está apelando la orden de extraditarlo a Francia.
En reacción a esa noticia, según un cable de la agencia DPA, Lewis aseguró que Panamá "mantiene en firme una solicitud de extradición del general Manuel Noriega ... y sostuvo que una representación del Ministerio de Relaciones Exteriores estará en la audiencia que se realizará en Miami".
Lo primero me luce increíble y lo segundo inútil.
¿Ya para qué? es el comentario que cabe si acaso es cierto que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviará representantes a la audiencia. Tenían que haber enviado esa representación cuando la extradición de Noriega primero se litigó en agosto de 2007 y, sobre todo, cuando el asunto llegó al tribunal del juez Hoeveler. En la audiencia ante Hoeveler, este indicó claramente que si Panamá deseaba obtener custodia del reo, él lo haría valer por encima de la solicitud francesa. Para vergüenza nuestra, Hoeveler preguntó varias veces cuál era la posición de Panamá, pero allí no hubo funcionario panameño alguno que pudiera responderle. Preguntó por qué se le había dado más peso a la petición francesa cuando los cargos allá son por lavado de dinero y lo que le espera a Noriega en Panamá son condenas en firme por homicidio; pero allí no hubo ningún diplomático panameño que contestara. Hoeveler propuso que "¿por qué no dejamos que Panamá decida?", pero nadie del gobierno torrijista estuvo allí para exponer la posición panameña. (Ver mis despachos del 13 y 19 de agosto de 2007).
Lo más repugnante es que el gobierno de Martín Torrijos sí tenía representantes en esa audiencia y –según entiendo– en todas las demás que se celebraron en esa etapa del caso. Pero no eran diplomáticos panameños; eran abogados del bufete norteamericano Greenberg Traurig. Eso me lo confirmó Jon May, uno de los abogados defensores de Noriega, quien afirmó que estos abogados estadounidenses han estado allí solo "para vigilar lo que hago, con esperanzas de que yo cometa errores", no para abrir la boca.
En cuanto a esa solicitud "en firme" de extradición, la procuradora señaló en 2007 que la única solicitud de extradición que ha sido presentada a Estados Unidos es la del caso Spadafora, que fue presentada en 1990 y que es deficiente porque Noriega no fue condenado por ese homicidio hasta 1993. Como estuve informando desde 2005 que Noriega terminaría su condena en 2007, el gobierno actual tuvo dos años para actualizar las solicitudes de extradición. Para creer que lo hicieron (yo no lo creo), sería necesario que divulguen los documentos, cosa que han rehusado hacer.
Tampoco se le puede creer al Gobierno cuando sus funcionarios hacen ver que la extradición de Noriega es simplemente "una decisión judicial de Estados Unidos". En primer lugar, a la Cancillería y a la embajada panameña en Washington les correspondía tramitar el asunto y luce claro que no lo hicieron debidamente. En segundo lugar, la decisión final sobre la extradición de Noriega es responsabilidad de la secretaria de Estado, esa misma "Condi" con quien los funcionarios torrijistas se tutean públicamente. Si ya es tarde para que "Condi" salve la cosa, eso también se debe a que ellos no han manejado el asunto correctamente.
En enero de 2007 escribí esto: "Lo crucial del asunto es que si Noriega se escabulle de cumplir cabalmente con las penas que tiene pendientes en Panamá, ello se habrá logrado con la complicidad del gobierno de Martín Torrijos".
Dos años después, eso sigue siendo cierto...
FUENTE: PANAMÁ: Opinión / Diario La Prensa: www.prensa.com, domingo 11 de enero de 2,009.
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